Por padre Sergio Pérez de Arce para Diario Crónica Chillán.
Veinte capillas católicas han sido quemadas desde el 2014 en la diócesis de Temuco, según declaró ese Obispado un par de semanas atrás. Se suma una cifra similar de capillas en la vecina diócesis de Villarrica y en la provincia de Arauco (Arquidiócesis de Concepción). A lo que hay que sumar templos evangélicos y aquellos incendiados durante el estallido social. Más de 50 iglesias destruidas en pocos años, lo que sin duda es un atropello a la libertad de profesar y celebrar la fe.
Pero el problema no es solo religioso, pues también se han quemado escuelas, viviendas, vehículos y, lo más grave, se ha atentado contra la vida humana, llegando incluso a la muerte de personas inocentes. Es una violencia irracional, donde no hay ni siquiera una pizca de legitimidad que la pueda justificar. Lo hemos recordado los Obispos el pasado 16 de agosto: “La violencia nunca es un camino legítimo: ni para imponer o combatir ideas, ni como medio para promover demandas sociales o políticas de grupo, tampoco como método para obtener por la fuerza beneficios económicos o materiales” (Declaración de la Conferencia Episcopal, Ante los reiterados hechos de violencia en la Macrozona Sur).
Lo que impresiona más en la quema de estas capillas y escuelas, es que la mayoría están en sectores sencillos, en campos, son espacios que sirven a la misma comunidad y han sido construidos, a menudo, con el propio esfuerzo de la comunidad. Si algunos pretendieran promover una “causa mapuche” a través de estos atentados, resulta inaudito que se destruya lo que sirve a ese mismo pueblo. Por eso son hechos tan indignantes, que hay que asociar más bien al mundo del delito y el narcotráfico, que subyugan a las personas y comunidades a una grave situación de inseguridad. Ponen en riesgo valores tan preciados como la expresión de la fe, el derecho a la educación y al trabajo, la seguridad y hasta el respeto de la misma vida humana.
En un escenario así, las autoridades y los organismos pertinentes tienen que tomar medidas políticas y administrativas más decididas para resguardar el Estado de derecho, mientras el país busca formas renovadas de atender a las históricas demandas del pueblo mapuche. Estas demandas nunca justifican el uso de la violencia, como la mayoría de la población mapuche lo entiende, pero siguen siendo un tema a profundizar, para abordar integralmente los desafíos que supone para el país lo que sucede hoy en la Araucanía.
La fe cristiana es portadora de un mensaje de paz, de justicia y de lucha por la dignidad de las personas y los pueblos. Por eso resulta desconcertante que se quemen espacios de culto y de fe. Solo queda alentar a que las comunidades afectadas se levanten y puedan seguir dando testimonio del Evangelio en esas queridas y ancestrales tierras.
