Por Sergio Pérez de Arce A., Obispo de Chillán, para Diario La Discusión.
Los Obispos nos hemos referido a la propuesta constitucional que será plebiscitada y hemos dicho que no observamos en ella “objeciones éticas determinantes”. Algunos han visto en esto un apoyo al “a favor”, sin atender a que allí mismo aclaramos lo que esto significa: que ante las normas que la propuesta contiene, es legítimo que haya en la ciudadanía “posturas diversas y plurales”. Es decir, legitimamos desde los principios de la enseñanza social de la Iglesia tanto el “a favor” como el “en contra”, precisamente porque no hay cuestiones morales determinantes en juego, como sí lo hubo en la propuesta pasada (aborto, eutanasia, libertad de enseñanza).
En el pronunciamiento episcopal, sí hacemos una valoración positiva de lo que se propone en materia del derecho a la vida, la familia, la educación y la libertad religiosa. Y esto no debe extrañar, porque son materias sensibles desde la perspectiva cristiana y lo enunciado en la propuesta nos parece que va en la línea correcta. En educación, especialmente, es positivo que se promueva un sistema de provisión mixta (particular y estatal) y se proteja la primera responsabilidad de los padres respecto de la educación de los hijos, pues así se resguarda mejor el valor de la libertad y se evita que la educación quede sometida al puro control estatal, sin desconocer, por cierto, el importante rol que al Estado le cabe.
Junto a esto, nos referimos a materias sociales, en especial a los llamados derechos sociales. Insistimos en la importancia de atender tanto a la subsidiariedad (respeto al rol de las personas y organizaciones) como la solidaridad (buscar el bien de todos), destacando también la necesidad de tener un adecuado concepto de “desarrollo”, que “no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos” (Francisco). Como nuestro ámbito de competencia no es técnico-jurídico, no nos corresponde juzgar “técnicamente” lo propuesto, pero sí invitamos a los ciudadanos a apreciar si se integra suficientemente el principio de la solidaridad, para procurar que las personas lleguen a tener acceso a esos bienes sociales: pensiones dignas, salud integral, vivienda, etc.
Personalmente, encuentro que la propuesta constitucional, cuando habla de la propiedad o de los impuestos, tiende más al resguardo de la libertad individual y menos a dotar al Estado para que pueda ser efectivamente un “Estado solidario”, pero en estos temas es difícil hablar taxativamente y pensar que hay una pura solución a los problemas. Por eso los Obispos hemos invitado al discernimiento: “que cada uno discierna en conciencia si en lo propuesto se respeta y promueve la dignidad de la persona, se contribuye a la realización del bien común y se aplican aquellos valores que fomentan un orden justo”.
El mensaje episcopal no aborda el sistema político. Es un tema “técnico-político”, del ámbito de lo opinable. Sin embargo, Chile necesita un sistema menos fragmentado, con menos partidos e instituciones más estables, que permita una mayor gobernabilidad y una “mejor política”. Discernir si la propuesta contribuye a esto es relevante.
