Por Sergio Pérez de Arce para Diario La Discusión.
¿Cómo financiar las pensiones de los chilenos? El tema se ha vuelto a debatir intensamente, a propósito del proyecto de reforma presentado por el gobierno. Es un tema complejo, en el que no tengo ninguna pretensión de ofrecer una palabra experta, pero sí advertir del peligro individualista que encierra la frase: “la plata es mía” o “con mi plata no”.
Partamos diciendo que tener pensiones dignas para los jubilados es una problemática de primera importancia, que corresponde a toda la sociedad abordar. Hay una responsabilidad de los propios trabajadores y sus empleadores, a través del ahorro individual. Hay también una responsabilidad del Estado, en orden a crear y a regular un sistema justo y eficaz, que apoye especialmente a los que menos cotizan por sus bajas remuneraciones u otras dificultades. Pero cabe también colaborar al resto de la comunidad, pues somos seres sociales y los bienes no los producimos ni los disfrutamos en forma aislada. Hay quienes siempre quieren recibir beneficios del Estado y de los demás, pero están muy poco dispuestos a aportar a los demás.
La forma de combinar los diversos componentes de un sistema de pensiones: la capitalización individual, el aporte del Estado y la contribución de los trabajadores a algún sistema de seguro social y solidario, es una cuestión técnica que requiere mucho estudio, pero no se puede partir poniendo por delante el “con mi plata no”. En casi todos los sistemas de pensión hay algún ingrediente de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos de hoy ayudan a la pensión de los jubilados, con la certeza de que en el futuro se les apoyará igualmente en su mantenimiento. Y hay también, aunque menos, un ingrediente de solidaridad intrageneracional: los que más ganan ayudan de alguna forma a los que menos reciben. Por supuesto que hay que resguardar que el sistema sea sostenible en el tiempo, que sea justo, que no recargue en los que cotizan hoy una contribución excesiva a la pensión solidaria de aquella población que, por diversos motivos (sobre todo empleo informal), nunca o casi nunca cotizó. Pero, de nuevo, no se puede partir del “conmigo no cuenten”, pues en la sociedad damos y recibimos.
La enseñanza social de la iglesia tiene principios fundamentales que también valen para el asunto de las pensiones: la preocupación por la dignidad de la persona humana; la búsqueda del bien común, que no es sólo la suma de bienes individuales, sino el bien de todos y de cada uno; la participación de la sociedad civil y sus organizaciones en la gestión de los asuntos comunes, así como la responsabilidad del Estado en la promoción del bien común (subsidiariedad y solidaridad); la subordinación de la propiedad privada al principio del destino universal de los bienes, etc. Son principios evangélicos y perfectamente racionales, que nos ayudan a construir una sociedad más fraterna.
Esperemos que en este tema se dialogue con altura de miras y se llegue a buenos acuerdos. Que los actores políticos cumplan su función de crear políticas responsables y duraderas, sin ceder a protagonismos irresponsables. Y que todos quienes tengan intereses económicos en este campo, incluso legítimos, prioricen el bien de los trabajadores y de los pensionados.
