El 22 de septiembre pasado, Diario La Discusión publicó una nota periodística titulada “Errores y aciertos del Obispado a un año de la salida de Pellegrin”. El Obispado considera que se trata de un artículo sesgado y descalificador, por lo que se dirige a los fieles católicos y a la opinión pública en general, con el fin de contribuir a una visión más justa y verdadera de lo que allí se expone.
Hacia una credibilidad mayor. La nota en referencia, lamentablemente, no consulta un universo amplio de fuentes que incluya por ejemplo a laicas y laicos que participan de la vida de la Iglesia de Ñuble en forma habitual o a actores sociales, académicos y otros líderes locales que, mediante sus trabajos y compromisos, se hayan formado una visión –sea favorable o crítica– respecto de la acción de la iglesia. La cobertura solo a reiteradas o poco representativas fuentes que, por coincidencia, son siempre enjuiciadoras de la acción del Obispado, dan cuenta de una sola visión, a veces reducida, y en consecuencia afectan la credibilidad informativa y generan una realidad distorsionada, ambas muy lamentables para el desarrollo de nuestra convivencia e identidad regional.
Descalificaciones. Se miente cuando, sin verificar la veracidad de la fuente (que a la postre fue errónea, como el propio Diario reconoce en su edición del 29.09.19) se señala a la abogada Paula Cornejo, del Consejo Diocesano de Prevención, como abogada de Carlos Pellegrin, con el evidente fin de desacreditarla y desacreditar el trabajo del Consejo. Se hacen acusaciones de presión y discriminación al administrador apostólico, sin más prueba que la palabra del entrevistado. Se acusa al administrador apostólico de mantener oculta la verdad de la sanción de Osvaldo Salgado, sin conocer los pasos que se requieren una vez recibida la autorización de la Santa Sede: notificación al acusado, redacción del Decreto de expulsión, comunicación a las víctimas, declaración pública. Igualmente se hacen acusaciones genéricas de sacerdotes que habrían intimidado a una denunciante, de curas que siguen siendo autoritarios y prepotentes, de persistencia de algunos pedófilos, de curas que no apoyan a las víctimas, sin que se fundamenten esas afirmaciones más que en el juicio descalificador de quienes las emiten.
Relación con las víctimas. Se habla de la supuesta falta de apoyo del Obispado para con las víctimas. Se desconoce que, desde la Oficina de Recepción de Denuncias y Apoyo a las Víctimas, se ha acompañado a denunciantes y que el propio administrador apostólico se ha encontrado con víctimas. Pero, sobre todo, se desconoce que se está ante un tema complejo, donde hay que trabajar con respeto y delicadeza. Hay víctimas que, efectivamente, no quieren relacionarse con organismos de Iglesia; otras víctimas simplemente no quieren abordar sus trágicas experiencias, donde hay heridas tan profundas. El Obispado tiene conciencia que en este ámbito hay mucho por avanzar, y estima que la Iglesia tiene mucho que aprender para un acercamiento adecuado, pero lo tiene que hacer sin aspavientos, no por marketing, sino dando los pasos que, en diálogo con las propias víctimas, sea posible dar.
Colaboración total con la justicia. El Obispado reitera lo que ha comunicado en anteriores oportunidades. Se recibió una denuncia contra el sacerdote Héctor Bravo en junio de 2018 y se realizó una investigación preliminar que no juzgó verosímil la denuncia. Después de pedir diversas diligencias al Obispado y al no acreditarse ningún delito, la Santa Sede ordenó suspender la investigación, por lo que el sacerdote no tiene restricciones para ejercer su ministerio. La justicia civil, por su parte, después de un año y tres meses de conocer el caso, no se ha pronunciado. Tampoco se ha conocido otra denuncia que afecte al sacerdote, a pesar de que el caso ha tenido bastante publicidad. El entrevistado Sr. Baeza atribuye al administrador apostólico no creer en la justicia. El Obispado, precisamente porque cree en la justicia civil, insiste en que la Fiscalía no ha acusado al sacerdote ni ha formalizado la investigación, lo cual es el primer paso formal que atribuye a un sujeto su posible participación en un hecho punible. Si en algún momento la justicia civil formaliza la investigación o acusa al sacerdote Bravo o a cualquier otro sacerdote, el Obispado actuará en consecuencia, suspenderá al investigado y colaborará con la justicia. El Obispado solicita a los diversos actores actuar con responsabilidad y respeto por los derechos de todos. No basta enjuiciar a una persona por la sola palabra de un denunciante o de un vocero de un grupo, sino que todos debemos atenernos a la acción de la justicia. De otra forma, se cae en arbitrariedades que no pueden ser amparadas por los medios de comunicación.
Colegios del Obispado. La directiva del Centro de Padres del Colegio Seminario Padre Hurtado hace diversas afirmaciones descalificatorias de personas y del trabajo de la Diócesis en la educación. El Obispado cuenta con 7 colegios en los que se educan más de 6.000 alumnos y alumnas. Cada uno es dirigido por sus equipos directivos, mientras que la coordinación de conjunto la lleva el equipo de gestión de las Fundaciones Educacionales. En medio de limitaciones y múltiples desafíos que plantea la gestión educacional hoy, el Obispado agradece y apoya la misión evangelizadora de sus Colegios. El Centro de Padres del Colegio Seminario PH entabló hace 4 años un litigio con el Obispado, reclamando para sí la propiedad del Colegio. Dicha causa espera un pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema dentro de los próximos meses. Es difícil dialogar con un grupo que plantea una reclamación de tal envergadura y que, a menudo, introduce desconfianzas sobre el accionar de los demás actores educativos. Como señala la nota periodística, el Colegio está realizando actualmente un proceso para elegir un nuevo rector, el cual se ha encargado a una consultora externa. En una de las publicaciones de la consultora en un portal, efectivamente hubo un error que luego se corrigió, lo que ha bastado al Centro de Padres para descalificar todo el proceso. Reiteramos que este no es el camino para actuar con fecundidad al interior de una
comunidad educativa.
Concluimos este comunicado reconociendo, una vez más, que las situaciones de abuso cometidas por clérigos en nuestra Diócesis han sido gravísimas y las rechazamos enérgicamente. En ninguna circunstancia, como lo ha declarado hace poco la Comisión de Apoyo a Víctimas entrevistada, negamos tales aberraciones. Por lo mismo, los clérigos denunciados y encontrados culpables han sido dimitidos del estado clerical y en este momento hay solo dos procesos canónicos pendientes. Nuestra colaboración con los requerimientos que nos pueda hacer la justicia es total, como corresponde a cualquier ciudadano en el marco del derecho. De igual modo, reiteramos que estamos trabajando desde hace algunos años en instaurar en toda la Iglesia y sus instituciones, una
cultura del cuidado y la prevención, que permita que nunca más hechos abusivos vuelvan a repetirse. Trabajo que, por supuesto, también incluye a los sacerdotes y al personal consagrado.
Chillán, 3 de octubre de 2019
Me he informado a través de la prensa de todo lo sucedido al clero de esta Diócesis de Chillán y he seguido atentamente los penosos acontecimientos ocurridos.Me quedo con qué será la justicia civil quien determine la situación de los acusados ,para qué los otros sacerdotes puedan actuar con más credibilidad con los fieles y éstos vuelvan a sentir respeto,apoyo,sinceridad con quienes formamos la Iglesia.