Por Sergio Pérez de Arce, obispo de Chillán, para Diario La Discusión.
Aparentemente, el borrador de la nueva Constitución no dice nada preocupante en materia educacional. Afirma el derecho a la educación y el deber del Estado de asegurarlo, define ampliamente los fines de la educación y reconoce a los padres la libertad de elegir el tipo de educación para sus hijos. Sin embargo, las preocupaciones surgen cuando se constatan ciertos silencios y opciones que se toman.
Se crea “un Sistema Nacional de Educación”, integrado por los establecimientos creados o reconocidos por el Estado, quien coordina y regula el Sistema. Hasta aquí todo bien, porque los colegios particulares quedan integrados. Pero luego se crea “un Sistema de Educación Pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos e instituciones estatales”, que el Estado deberá articular, gestionar y financiar. Y se dice que este Sistema será “el eje estratégico” del Sistema Nacional, siendo deber primordial del Estado “ampliarlo y fortalecerlo”, financiándolo de manera directa a través de aportes basales.
Todo parece pertinente, pues sería correcto fortalecer la educación pública. Pero los Colegios particulares subvencionados, que alcanzan una matrícula del 54% de los estudiantes chilenos, tienen derecho a preguntarse: “¿Y nosotros qué?”. El texto constitucional guarda silencio, lo que obviamente genera incertidumbre.
Hay un error frecuente cuando se mira la educación particular subvencionada: se cree que por ser gestionada por privados, deja de ser “pública”. O dicho de otro modo, se identifica “lo público” sólo con aquello que gestiona el Estado, cuando en verdad “lo público” está definido también por la población a la que se educa. Y es bastante evidente que los estudiantes que van a la educación subvencionada no son globalmente muy distintos de los que van a la educación estatal. ¿Por qué el Estado debiera privilegiar en el financiamiento solo al Sistema llamado “Educación Pública”? ¿Por qué sólo este grupo de Establecimientos será el “eje estratégico” del Sistema Nacional de Educación? ¿Acaso más del 50% de familias que ponen a sus hijos en la educación particular subvencionada no pagan impuestos, o no son también sujeto de los mismos derechos? El silencio del texto constitucional trasluce un prejuicio con la gestión de los privados y muestra una falta de reconocimiento del aporte público de la educación particular subvencionada.
Parece correcto, lo repito, que la llamada “Educación Pública” sea objeto de preocupación por parte del Estado, sobre todo cuando va en beneficio de los más pobres. Pero la realidad muestra que la mayor inversión del Estado para mejorar la “educación pública”, que en buena hora se ha realizado en los últimos años, no ha traído mejoras sustantivas; al contrario, persiste un deterioro. Y creo que la razón es muy clara: el progreso en la educación de nuestros estudiantes no vendrá por una omnipresencia del Estado en el Sistema educativo ni por la pretensión de dominarlo política o ideológicamente, sino por el apoyo del Estado al conjunto de actores educativos, particulares y estatales, en la diversidad de sus proyectos educacionales. La sociedad crece con la colaboración de todos, y el Estado no puede negar a unos los derechos que reconoce a otros, en igualdad de condiciones.
