Por Guillermo Stevens, diácono
Este año el país está convocado a manifestar su opinión respecto a importantes acontecimientos. El más próximo es un plebiscito fijado para el 26 de abril, en que se hará dos preguntas a través de dos células. En una de ellas se preguntará si se quiere una nueva Constitución y en la otra acerca del mecanismo para su redacción, que será Convención Mixta Constitucional (formada por parlamentarios y delegados constituyentes) o Convención Constitucional (solo delegados)
Luego, el 7 de junio habrá primarias para definir los candidatos a Gobernadores y Alcaldes y luego el 27 de octubre se realizará una mega elección de Gobernadores, Alcaldes, Concejales y Delegados Constituyentes.
El punto es que para lo anterior, todas decisiones muy importantes, con todo un proceso y ceremonial complejo que busca salvaguardar la soberanía popular que se expresa a través del voto, a una mayoría de chilenos nada les dice, pues el derecho a voto a partir del año 2009, en virtud de una ley constitucional, se convirtió en un asunto voluntario, aunque con inscripción automática en los registros electorales. Esto ha tenido el resultado de que quienes concurren a las urnas son una minoría. No olvidar que en las últimas elecciones presidenciales de 2017, votaron 7.032.588 de chilenos, sólo el 49,15 % de los que tenían derecho. El parlamento a raíz del llamado estallido social, ha tomado conciencia de esta situación y de las implicancias que ello tiene para la estabilidad democrática, por lo que se está legislando aceleradamente para devolver al voto su carácter obligatorio que desde 1958 tenía nuestro sistema electoral. No obstante es muy difícil que ello se alcance a corregir para aplicarlo ya en el plebiscito de abril próximo.
Aquí cabe tener presente lo que la Iglesia enseña en su doctrina social que la participación es un deber que todos han de cumplir conscientemente de modo responsable y con vistas al bien común que es cuando se actúa a favor de la creación de un ambiente humano en que se ofrece a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes.
Por lo tanto, y mientras no haya cambio de la ley, no queda más que invitar, promover y motivar a que todos ejerzamos el derecho a votar, que por lo dicho, es también un deber que unos a otros debemos exigirnos en pos de una mejor democracia.
